Solicitar acceso a la documentación que respalde la decisión de la CRA para evaluar posibles fundamentos legales para impugnarla. Considerar obtener asesoría legal para explorar opciones de apelación si la reducción y el aumento de tarifas no se ajustan a la normativa. Organizar campañas de sensibilización o movilizaciones pacíficas para llamar la atención sobre su situación y buscar apoyo público. Estas acciones pueden ayudar a la comunidad a abordar sus preocupaciones y buscar soluciones adecuadas.