En primer lugar, la CRA aclaró que el regulador no está llamado a establecer o señalar los procedimientos administrativos, que han de seguir las personas prestadoras de los servicios públicos o los entes territoriales, para cumplir la finalidad de las normas; lo contrario, sería invadir órbitas de competencia que no le corresponden. Al tratarse de contrato, esta Comisión no puede señalar cómo deben ser expresados los valores monetarios de los proyectos a incluir en el Costo Medio de Inversión (CMI) de la tarifa contractual ni tampoco indicar un procedimiento o metodología sobre la compensación al operador del servicio, respecto de valores dejados de cobrar a los usuarios por actualizaciones o cambios en los valores de la tarifa contractual.