Le corresponde al municipio buscar soluciones que permitan garantizar el acceso y la  prestación de los servicios públicos en forma eficiente, para que a los habitantes que residen en dichos  sectores se les realice la medición y el cobro de los servicios públicos de conformidad con lo establecido  en la normatividad vigente. El artículo 8 de la Ley 388 de 1997, señala que la función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce, mediante acciones urbanísticas de las entidades distritales y municipales, entre las cuales se  encuentra: “Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de  asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres  para la vivienda.”