“La decisión fue adoptada al proteger los derechos de una ciudadana que presentó tutela contra la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) por no dar respuesta a su solicitud de entrega de los restos óseos de su compañero permanente desaparecido en el 2002, ni de los avances en la investigación”.