la Sala estudió dos acciones de tutela promovidas por líderes sociales que invocaban la garantía de sus derechos a la seguridad personal y al debido proceso administrativo, entre otros, los cuales estimaban vulnerados por la Unidad Nacional de Protección con ocasión de las actuaciones surtidas en los procedimientos de calificación de riesgos y asignación de medidas de seguridad por las amenazas que han recibido por desempeñarse como líderes sociales en el departamento del Valle del Cauca.
Reiteración de jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las obligaciones del Estado respecto del derecho a la seguridad personal de los líderes sociales y/o defensores de derechos humanos
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“La Corte Constitucional ha destacado que el derecho fundamental a la vida tiene dos ámbitos vinculantes para el Estado: respetarla y de protegerla. En consecuencia, las autoridades públicas tienen una obligación de doble vía, cuales son: (I) abstenerse de vulnerar el derecho a la vida y (II) evitar que terceras personas afecten o transgredan este derecho”.
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