actividades de barequeo, pesca y agricultura”.
De acuerdo con el Boletín que sustenta la decisión, “los hechos ocurrieron en mayo de 2018 cuando las comunidades ribereñas de los municipios de Sabanalarga, Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Valdivia y Caucasia debieron desalojar sus tierras por la creciente, lo cual hizo que el ciudadano perdiera su vivienda y las fuentes de ingreso, puesto que se dedicaba a
actividades de barequeo, pesca y agricultura”.