Por el contrario, lo que hace la entidad es reanudar los términos legales que rigen en estado de normalidad respecto de los procedimientos administrativos de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, así como los trámites de registro único de predios y tierras abandonadas, que había suspendido a través de Resolución 307 de 27 de marzo, modificada por la 418 de 11 de junio, ambas de 2020, con ocasión de la medida de aislamiento preventivo y obligatorio ordenada por el Gobierno nacional por la pandemia causada por el virus COVID-19.