“La Corte Constitucional estudió la acción de tutela promovida por un ciudadano que pretendía el reconocimiento de la prestación humanitaria periódica. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila le dictaminó una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 83,40%, estructurada el 7 de febrero de 2008. Sin embargo, omitió referirse al nexo causal entre la invalidez y el ataque perpetrado el 6 de febrero del año en cita por miembros de las FARC. Por su parte, el Ministerio del Trabajo negó el auxilio en varias resoluciones. A su juicio, la documentación aportada no evidenciaba el referido vínculo”.