El proyecto de Decreto establece un marco para las Regiones de Paz, espacios territoriales destinados a la consolidación de la paz total. Dentro de sus disposiciones, se enfatiza el respeto al derecho de consulta previa en territorios étnicos, conforme al Convenio 169 de la OIT. Esta garantía se aplica en la formulación e implementación de proyectos para la transformación territorial, incluyendo zonas de intervención prioritaria. La Consejería Comisionada de Paz coordinará con entidades nacionales para asegurar que las comunidades étnicas sean consultadas y participen activamente en la construcción de paz, respetando sus derechos fundamentales y promoviendo la inclusión cultural y territorial en procesos de diálogo y desarrollo. Así, el decreto fortalece la participación y autonomía de los pueblos étnicos en la política de paz, reconociendo su rol clave en la consolidación del Estado de Derecho y el cierre de brechas históricas en regiones afectadas por el conflicto.
El ministro de Minas y Energía, propuso a la CREG ajustar las condiciones de contratación de la empresa Air-e para salvaguardar el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira ante la amenaza del fenómeno de El Niño. La iniciativa busca que la compañía fortalezca su suministro para 2027, reduciendo su vulnerabilidad a los altos precios del mercado de bolsa. Palma instó a las generadoras públicas a priorizar el abastecimiento a Air-e, advirtiendo que la crisis energética en el Caribe es un desafío estructural de décadas. El funcionario recordó los fracasos de prestadores previos y subrayó que, aunque se tramitan mecanismos regulatorios, se requiere un esfuerzo conjunto para garantizar la sostenibilidad del servicio.
La Agencia Nacional de Minería lanzará el próximo 19 de mayo una plataforma tecnológica para rastrear el oro en tiempo real, desde su extracción hasta su exportación. La herramienta busca centralizar datos de registros como RUCOM y Génesis para combatir la infiltración de mineral ilegal y cumplir con estándares internacionales de transparencia. El sistema permitirá a los alcaldes supervisar a mineros de subsistencia, vigilando el tope de 420 gramos anuales y previniendo la coacción de grupos ilegales. En un contexto donde las exportaciones de oro crecieron un 140,8% recientemente, el país busca asegurar los 2,15 billones de pesos generados en regalías mediante este modelo que iniciará como piloto voluntario y luego será obligatorio.
En Barranquilla, el ministro de Minas presentó diez medidas que aceleran la transición energética en el país. Estas acciones lograron un aumento del 2000% en la incorporación de energías limpias, superando años de parálisis regulatoria. Sobresalen la “Liberatón” de 6.000 MW, subastas de largo plazo y el fortalecimiento de comunidades energéticas para democratizar el servicio. El plan combina seguridad energética con sostenibilidad mediante la coexistencia de renovables e hidrocarburos y la agilización de licencias ambientales. Con esta hoja de ruta, el Gobierno ratifica su apuesta por una transición justa con justicia social, territorial y mayor atracción de inversiones.
La CRA hizo precisiones sobre el ajuste tarifario para prestadores de acueducto y alcantarillado, especialmente aquellos de menor tamaño. Aclara que los costos económicos de referencia pueden ser actualizados mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), manteniendo así su valor real en el tiempo. Los rangos tarifarios establecidos en resoluciones como la CRA 825 de 2017 y la CRA 943 de 2021 sirven de guía, permitiendo a las Juntas Directivas o entidades competentes locales realizar ajustes sin necesidad de solicitar una modificación particular de fórmula ante la CRA, siempre que no se excedan los máximos regulatorios y se cuente con el soporte técnico adecuado. La CRA pone a disposición diversos canales, como su página web, correo electrónico y un servicio de chat los martes, para ofrecer orientación técnica y jurídica sobre la aplicación de la normativa vigente.
El Ministerio de Vivienda propone reglamentar las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Se establece un procedimiento único especial para la expedición de resoluciones de carácter general, que incluye etapas claras de planeación, diseño, redacción, consulta pública, revisión, publicación y evaluación. Se promueve el uso del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) para la difusión de proyectos regulatorios, asegurando plazos mínimos para la recepción de observaciones (60 días para marcos tarifarios y 15 días para otros casos). Además, se regula la participación mediante consultas públicas presenciales y virtuales, la elaboración de documentos técnicos accesibles y la publicación de criterios de aceptación o rechazo de propuestas ciudadanas. Así, se fortalece la transparencia, la autonomía técnica de la CRA y el acceso a la información pública, garantizando procesos regulatorios participativos, técnicos y sostenibles.
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que modifica el Decreto 1077 de 2015 para fortalecer la gestión del servicio público de aseo. El proyecto de norma busca promover la economía circular, la sostenibilidad ambiental y la acción climática mediante la mejora en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Entre sus objetivos destaca reducir la disposición en rellenos sanitarios, fomentar la separación en la fuente y aumentar el aprovechamiento de residuos, especialmente orgánicos. También regula actividades complementarias como el barrido, corte de césped y poda de árboles en áreas públicas, y establece mecanismos para la atención al usuario y transparencia en el servicio. Esta iniciativa contribuye al Programa Basura Cero y compromisos ambientales.
El Ministerio de Trabajo busca reglamentar la Ley 2466 de 2025 y otras normas sobre acoso laboral, violencia basada en género y discriminación en el ámbito laboral. Dentro de sus objetivos está garantizar ambientes de trabajo dignos y libres de violencia mediante políticas de prevención, protocolos de atención y sanción, con enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad. Establece la obligación de empleadores públicos y privados de implementar medidas de protección, como ajustes en turnos o espacios de trabajo y garantizar la no revictimización. La inspección del trabajo supervisará el cumplimiento y podrá imponer sanciones proporcionales a la gravedad de las conductas. Este decreto fortalece la protección integral para todas las personas en el mundo laboral, promoviendo la igualdad y el respeto a la dignidad humana.
Las observaciones, comentarios y propuestas al referido proyecto de resolución deberán realizarse por medio de este foro o diligenciando el formulario para recepción de comentarios, el cual debe enviar conservando el formato editable al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., hasta el día viernes 08 de mayo de 2026.
El MinCiencias lanzó una convocatoria con una inversión de 100 mil millones de pesos, destinada a fortalecer capacidades territoriales para la prevención de emergencias climáticas en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La iniciativa busca impulsar proyectos que integren investigación científica, saberes locales y capacidades institucionales, enfocados en reactivación productiva, seguridad alimentaria, gestión del riesgo, restauración ecosistémica y soberanía sanitaria. Las propuestas deben ser presentadas por alianzas que incluyan universidades, organizaciones comunitarias y entidades territoriales. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de mayo de 2024 y financiará proyectos con duración de 12 a 24 meses, fortaleciendo la ciencia aplicada para mitigar los efectos del cambio climático y promover el bienestar regional.
