La obligación de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Colombia se ha establecido no solo para los contratos de prestación de servicios, sino para todo tipo de contrato (sin importar su duración o valor).

El proyecto buscaría fortalecer el Sistema de Salud a través de la atención y mejoramiento de la calidad de la atención en salud de los afiliados de menores ingresos y la ampliación de la cobertura en favor de este grupo poblacional. Para ello establece como obligatoria la adquisición de pólizas de salud o de medicina prepagada, denominados Planes Adicionales de Salud para personas con ingresos medios altos y altos, con el fin de que los recursos que se liberen se enfoquen en las personas de menores ingresos.

La SDA determina que, podrá darse viabilidad jurídica al proyecto de acuerdo 204 de 2020, “Por medio del cual se establece que la administración distrital tome medidas para desincentivar la utilización de utensilios de un solo uso fabricados en plástico y poliestireno expandido” si se logra una articulación con los demás proyectos de acuerdo que guardan relación con el tema plásticos de un solo uso; permitiendo la acumulación de los mismos.

La SDA determinó que, el Proyecto de Acuerdo No. 161 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para la protección del medio ambiente y se prohíbe la contratación de suministros de productos plásticos de un solo uso en las entidades distritales y se dictan otras disposiciones en Bogotá D.C”, es jurídicamente inviable.

En la actualidad más de 200.000 personas prestan servicios a través de plataformas digitales, sin que su forma de contratación, afiliación, cotización y aportes al Sistema General de Seguridad Social esté claramente definido ni regulado en la ley. Dicha situación además de generar informalidad, sitúa en una posición de desventaja frente a otras personas vinculadas mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios u otros, a los prestadores de servicios a través de plataformas. Por tales motivos, el proyecto presentado por el Centro Democrático pretende regular la contratación entre las Empresas de Intermediación Digital, plataformas y los contratistas colaboradores para la prestación de los servicios ofrecidos por éstas.