El demandante pretendió que se declarara que la obra cinematográfica «La ciénaga entre el mar y la tierra» fue dirigida únicamente por el señor Carlos Castillo y señaló que el señor Manolo Cruz -codirector- fue infractor del derecho de paternidad que ostenta el actor sobre el filme, al haber alterado los créditos iniciales y finales y que como consecuencia de lo anterior, se le condenara al pago de 300 SMLV, «por el daño extrapatrimonial causado en razón a la infracción del derecho moral de paternidad de Carlos Castillo. Es decir, la película tuvo dos directores: el señor Cruz y el señor Castillo.
La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ángela Yesenia Olaya, aseguró que se trata de “una revolución científica, porque va a transformar la ciencia en el país y nos va a permitir potenciar la biodiversidad para abrir nuevas fronteras de mercado, pero, sobre todo, para que Colombia logre tener gobernanza y autonomía en la producción y procesamientos de datos que se requieren para la IA”. Se invertirán hasta mil millones de dólares para adecuar la infraestructura tecnológica colombiana. Para ello, agregó, “se están realizando coordinaciones con diferentes entidades del Gobierno del Cambio”. Enfatizó que este proyecto es una iniciativa del país que involucra a la academia, el sector privado y el sector de las telecomunicaciones, con el objetivo de crear un ecosistema científico en IA.
El decreto reglamenta el procedimiento único para el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones de que trata el artículo 147 de la ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Este aplica a las entidades territoriales, proveedores de redes y servicios telecomunicaciones y de infraestructura en telecomunicaciones. La norma establece principios sobre la coordinación en la intervención del espacio público, así como las obligaciones del solicitante y las instancias para el trámite de solicitud de autorización para el despliegue de redes.
El proyecto de Ley propone una exención tributaria en el impuesto sobre la renta aplicable únicamente si se capacitan los empleados en programas de inteligencia artificial acreditados en alta calidad por parte del Ministerio de Educación. Para la determinación de la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas que capaciten en inteligencia artificial a sus empleados por nómina o contratistas, se reducirá la tasa general en tres (3%) puntos porcentuales. La supervisión y control estará a cargo de las carteras de Educación y MinTic, quienes auditarán periódicamente a las empresas para asegurar la correcta aplicación de esta iniciativa.
Los representantes Karyme Cotes Martínez y Alirio Uribe Muñoz, radicaron el proyecto de Ley estatutaria por la cual se define y regula la inteligencia artificial, se ajusta a estándares de derechos humanos, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación y se modifica parcialmente la ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales). En el parágrafo del artículo 7° de esta iniciativa, relacionado con el uso de la inteligencia artificial, se propone que “cualquier organización, tanto pública como privada, tendrá la facultad de ajustar sus reglamentos internos para determinar cómo y hasta qué punto se utilizará la inteligencia artificial. Esta adaptación deberá realizarse respetando los derechos de autor y propiedad intelectual”.