Los comentarios al Análisis de Impacto Normativo (AIN) para etiquetado de plásticos de un solo y biobasados, los criterios para determinar los productos plásticos biodegradables en condiciones naturales y productos que sustituirán los plásticos de un solo uso, se recibirán hasta el 1 de septiembre a través de los correos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. El documento presenta un análisis integral para la regulación de plásticos de un solo uso (PUSU) en Colombia, enfocado en promover alternativas biodegradables y compostables. Propone establecer normas claras para el etiquetado ambiental y criterios técnicos que permitan identificar la biodegradabilidad en condiciones naturales. Se evalúan alternativas regulatorias, destacando una que obliga a productores e importadores a cumplir con estas características, lo que permitiría gestionar más de 33.000 toneladas de plásticos como bolsas para 2025.
El proyecto de decreto del MinAmbiente crea la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (COMINESCAZÚ), como instancia de coordinación nacional para garantizar el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. La Comisión estará integrada por entidades del gobierno, con participación de actores sociales, incluyendo comunidades étnicas, mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad. Tendrá funciones como diseñar la Ruta de Implementación del Acuerdo, promover normativas, proteger a defensores ambientales y coordinar acciones interinstitucionales. Se crearán subcomisiones temáticas y se establecerán mecanismos de financiación con recursos propios y cooperación internacional.
El proyecto de decreto establece criterios específicos para la Licencia Ambiental en proyectos de energía solar (LASolar) con el fin de promover la Transición Energética Justa. Reconoce la importancia de la energía solar para reducir emisiones y cumplir compromisos climáticos internacionales, fomentando así la descarbonización y diversificación de la matriz energética. La ANLA asume la competencia para evaluar y otorgar estas licencias, aplicando procedimientos racionalizados que simplifican trámites y promueven beneficios sociales y ambientales. El decreto fortalece el marco normativo para impulsar proyectos solares con bajo impacto ambiental, asegurando el cumplimiento de medidas de manejo ambiental y la participación ciudadana, en concordancia con la Constitución y la Ley 99 de 1993.
El proyecto de norma adopta el Manual de Compensaciones del Componente Biótico para proyectos que impacten ecosistemas terrestres, estableciendo directrices para licenciamiento ambiental, permisos de aprovechamiento forestal y sustracción de áreas de reserva forestal. Busca garantizar la conservación, restauración y compensación de la biodiversidad afectada, alineándose con políticas nacionales como la Estrategia Nacional de Restauración y la Ley 2173 de 2021. Durante la ejecución de los planes bióticos no se podrán certificar reducciones de emisiones de GEI; una vez cumplidos los términos, los propietarios podrán tramitar dichas certificaciones. Se clarifican criterios técnicos para selección de áreas y mecanismos de implementación, buscando un uso sostenible y compensaciones efectivas.
Los comentarios se recibirán hasta el 2 de julio y podrán enviarse observaciones a través del correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. El proyecto de resolución tiene como objetivo prorrogar por un término de dos (2) años, contados a partir de la expedición del acto administrativo, la vigencia de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. Estas zonas comprenden varios polígonos que protegen ecosistemas como selvas transicionales, serranías, sabanas, humedales y bosques secos, con el fin de preservar la biodiversidad y garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, aplicando el principio de precaución frente a posibles impactos, particularmente por actividades mineras.
El proyecto reglamenta la conformación y funcionamiento del Comité Nacional para la Gestión de Pasivos Ambientales (CNGPA), creado por la Ley 2327 de 2023, con el fin de asegurar la coordinación y articulación intersectorial en la gestión de pasivos ambientales. La reglamentación es necesaria para establecer de manera clara las funciones, composición, convocatoria, quórum y procedimientos del CNGPA, garantizando sesiones participativas, adecuadas y oportunas. Esto permite implementar y dar seguimiento efectivo a la política pública sobre pasivos ambientales, promoviendo transparencia y responsabilidad en la gestión ambiental, tal como se define en el artículo 4 de la Ley 2327 de 2023.
El proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente reglamenta los Sistemas de Recolección y Gestión Selectiva de Fármacos o Medicamentos Vencidos, estableciendo obligaciones para productores, comercializadores, usuarios y autoridades ambientales en todo el territorio nacional. Se implementan sistemas individuales o colectivos para la recolección y manejo ambientalmente adecuado de estos residuos peligrosos, bajo el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP),. Las campañas educativas y estrategias de sensibilización garantizan la correcta disposición y minimización de riesgos para la salud y el ambiente. Además, se regulan puntos de recolección autorizados, su operación y la coordinación entre actores para la gestión integral de medicamentos vencidos.
El objetivo del proyecto de norma es formalizar el registro de la Reserva Forestal Protectora Nacional Guadalajara de Buga en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP). Esta iniciativa busca establecer límites cartográficos precisos, definir los objetivos de conservación y estipular los usos permitidos dentro de la reserva. Se enfatiza la conservación de ecosistemas naturales y especies de flora y fauna en peligro, asegurando la regulación hídrica y la sustentabilidad ambiental en la cuenca del río Guadalajara. Además, se busca restaurar ecosistemas degradados y fomentar prácticas que promuevan la educación ambiental, el turismo sostenible y la conservación de conocimientos ancestrales. El proyecto está alineado con normas nacionales sobre la conservación del medio ambiente y tiene como fin contribuir al desarrollo sostenible de la región, garantizando que las actividades dentro de la reserva se realicen de manera adecuada y responsable.
Para el ministerio de Ambiente La formalización del registro de la Reserva Forestal Protectora Nacional Serranía de Coraza y Montes de María en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas es esencial para garantizar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en esta región. Dicha reserva, con una extensión de 6,730 hectáreas, desempeña un papel crucial al albergar ecosistemas de Bosque Seco Tropical, que son vitales para la recarga de acuíferos y el suministro de agua a comunidades locales.
La integración de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales Río Cali y Río Meléndez se justifica por diversas razones fundamentales para el Ministerio de Ambiente. Primero, esta unión busca optimizar la gestión y conservación de recursos naturales, promoviendo un manejo más eficaz de la biodiversidad y los ecosistemas. Al consolidar las dos reservas, se facilita la protección de especies endémicas y hábitats críticos, asegurando su supervivencia ante amenazas como la deforestación y la urbanización.