Proyecto de norma (195)
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto para adicionar el Capítulo 14 al Decreto Único 1076 de 2015, estableciendo el Fondo SINAPYBA. Este fondo, administrado por el ministerio, financiará el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros y otros proyectos de bienestar animal bajo el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA). La dirección estará a cargo de un comité interministerial que decidirá sobre recursos, reglas operativas y transparencia. El decreto fortalece la protección de los animales como seres sintientes, en cumplimiento de leyes nacionales y sentencias constitucionales que promueven la conservación ambiental, la salud pública y la ética animal.
El Ministerio de Ambiente proyecta modificar el Decreto 1076 de 2015, para actualizar la regulación de la tasa por utilización del agua continental superficial y subterránea. Esta norma persigue garantizar la protección y el uso sostenible de los recursos hídricos, estableciendo nuevas definiciones, sujetos activos y pasivos, así como procedimientos claros para la causación, facturación y cobro de la tasa. Se incluye un mecanismo de autodeclaración de volúmenes extraídos que será verificado por las autoridades ambientales, quienes también podrán realizar visitas de control. El recaudo se destinará a planes de ordenación y recuperación de cuencas hidrográficas y páramos. La medida excluye las aguas marinas y entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2027, con el fin de fortalecer la eficiencia y transparencia en la gestión del agua y consolidar un modelo ajustado a las condiciones socioeconómicas y ambientales del país.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de norma que define 16 indicadores para el seguimiento, monitoreo y reporte del estado de la calidad ambiental urbana en todo el país. Esta iniciativa, basada en el marco constitucional y legal vigente, busca fortalecer la gestión ambiental en ciudades y áreas metropolitanas, promoviendo la protección del aire, agua, espacios verdes, manejo adecuado de residuos, consumo responsable de agua y energía, y control del ruido ambiental, entre otros aspectos. Se obliga a autoridades ambientales y entidades territoriales a reportar la información anualmente para facilitar la toma de decisiones y fomentar la sostenibilidad urbana, incorporando el Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU) dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental. Además, se prevé la publicación de informes regionales y nacionales para garantizar la transparencia y el acceso público a datos actualizados sobre el estado ambiental de las zonas urbanas del país
Este proyecto reglamenta la ampliación y el cambio de nombre del área protegida ubicada en Acandí, Chocó. El área pasará de 26,232 a 89,260.9 hectáreas, denominándose ahora Santuario de Fauna y Flora Acandí, Playón, Playona, San Francisco y Cabo Tiburón. El objetivo principal es conservar hábitats críticos como arrecifes de coral y pastos marinos, además de proteger especies amenazadas, especialmente las tortugas marinas Caná, Carey, Verde y Caguama. La iniciativa se fundamenta en un esquema de manejo conjunto con los consejos comunitarios COCOMANORTE, COCOMASECO y COCOMASUR, respetando las prácticas ancestrales y la identidad cultural del pueblo negro. Así, se busca garantizar la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos en el Golfo del Darién.
Este proyecto establece los Términos de Referencia (TdR) y criterios diferenciales para el licenciamiento ambiental de la pequeña minería en comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Aplica en sus territorios colectivos y ancestrales bajo contratos de concesión especial. Se basa en el respeto al gobierno propio, saberes tradicionales y diálogo intercultural, buscando equidad y protección ambiental. Incluye un trámite diferencial para la sustracción de áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959. Los consejos comunitarios deben radicar la solicitud con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que cumpla estos lineamientos específicos.
El proyecto de decreto reglamenta las salvaguardas sociales y ambientales para iniciativas de mitigación en el sector USCUSS. Busca garantizar el respeto a los derechos territoriales, autonomía y gobierno propio de pueblos étnicos y campesinos. Define requisitos para el registro en RENARE, exigiendo consulta previa y consentimiento libre e informado según proceda. Establece que la titularidad pertenece a las comunidades, limitando a los aliados técnicos a roles de apoyo sin transferir derechos de propiedad. Implementa el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) para monitorear, reportar y verificar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en todas las fases del proyecto.
MinAmbiente propone la creación de la Comisión Intersectorial del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, una instancia crucial para abordar los compromisos pendientes del acuerdo de cooperación de 2009. Este proyecto de decreto busca garantizar un espacio de diálogo, concertación y participación ciudadana, especialmente para las comunidades rurales y campesinas afectadas en el Huila. La Comisión coordinará acciones no cubiertas por la licencia ambiental de la ANLA, atendiendo problemáticas urgentes y cruciales. Estará integrada por Ministerios, autoridades territoriales y, fundamentalmente, representantes de veedurías y ASOQUIMBO, asegurando transparencia y un seguimiento efectivo a los acuerdos.
El Ministerio de Ambiente propone modificar la Resolución 1491 de 2025, extendiendo de seis (6) a doce (12) meses el plazo para que las autoridades municipales y distritales delimiten las "Áreas de Vida". Esta prórroga busca asegurar una implementación rigurosa de la Ley 2173 de 2021, que promueve la restauración ecológica en el país. La decisión surge tras evidenciarse la complejidad técnica y administrativa de la delimitación, la disparidad de capacidades institucionales en los territorios y el elevado volumen de consultas recibidas, lo cual ha dificultado una aplicación uniforme de la normativa y ha retrasado la conformación de estos espacios esenciales para la protección y el manejo sostenible de los recursos naturales.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de norma para declarar la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo "Corazón del Mundo, Sierra Nevada de Santa Marta – Gonawindua", con una extensión de 1.5 millones de hectáreas. Esta medida integral busca proteger el ecosistema vital y su invaluable riqueza biocultural, respondiendo a la solicitud de los pueblos indígenas Wiwa, Kogui, Kankuamo y Arhuaco. La reserva blindará el territorio contra actividades extractivas, la expansión agrícola y el turismo no regulado, garantizando la conservación del agua, la biodiversidad y el patrimonio cultural. Fundamentada en principios de prevención y precaución ambiental, esta acción consolidará un régimen de ordenamiento que asegura la integridad ecológica y el bienestar de las generaciones futuras.
Los Ministerios de Minas y Ambiente buscan reglamentar la economía circular en el sector minero, dando cumplimiento al artículo 12 de la Ley 2250 de 2022. La propuesta persigue que residuos mineros como estériles y colas de metales preciosos, piedras y materiales de construcción sean aprovechados secundariamente por empresas o asociaciones especializadas, fomentando la reincorporación de minerales y generando valor agregado. El marco regulatorio establece permisos mineros y requisitos ambientales estrictos para este aprovechamiento, incluyendo la necesidad de análisis y remoción de mercurio antes del uso de cianuro. Además, la normativa detalla cómo se realizará la recuperación y restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones sin un responsable identificado. La resolución subraya el pago de regalías por el aprovechamiento secundario, impulsa la asistencia técnica, la investigación y la innovación, y excluye a los mineros de subsistencia, promoviendo un modelo de producción y consumo más eficiente y sostenible.
