A través de un Auto, la Corte revisó las medidas adoptadas por el Gobierno en este aspecto, conforme a la Ley Estatutaria en Salud y al auto 410/16. Se declaró el nivel de cumplimiento medio de las mencionadas directrices e impartió unas órdenes específicas al Ministerio de Salud y Protección, a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Nacional de Salud.
La Oficina Jurídica de la ANT pidió a la Corte adecuar el resolutivo cuarto de la providencia T-713/17, debido a la imposibilidad sobreviniente que tiene la entidad de cumplir la orden en la forma impuesta, dada su alta complejidad y disponibilidad presupuestal
“La jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional ha reconocido que los menores adultos tienen derecho a decidir o participar en las decisiones que afectan su salud y su vida”,