A través del concepto, se expuso que, las personas afectadas por los conflictos relacionados con la ocupación y la explotación de terrenos baldíos cuentan con una serie de mecanismos para la protección de sus derechos e intereses, entre ellos: Las medidas policivas a cargo de las respectivas autoridades locales. La posibilidad de oponerse a las solicitudes de titulación que realicen terceros.