El Consejo de Estado sostuvo que no se había producido ninguna variación en el contrato, porque los diseños y estudios de las obras debían correr por cuenta del contratista. Indicó que si bien la Aerocivil debía cubrir algunos sobrecostos, los relacionados con el cambio de diseño estructural debieron ser calculados en una proporción menor a la establecida en el fallo de primera instancia. La alta corte modificó la condena que, actualizada, suma 22 millones de pesos.