El Consejo de Estado determinó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sí ha desarrollado una política que garantice los derechos de la población carcelaria LGBTI, como lo exigen los lineamientos de enfoque diferencial en materia de sexo, religión, raza, etnia o diferenciación corporal de la resolución 006349 de 2016.