El Ministerio de Ambiente propone ajustar el régimen de licenciamiento ambiental para armonizarlo con la estructura institucional y las competencias vigentes en materia de consulta previa. La iniciativa busca derogar el requisito de presentar una certificación sobre presencia de comunidades étnicas, dado que actualmente corresponde a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa determinar la procedencia de este mecanismo con base en el criterio de afectación directa. Asimismo, plantea permitir que la evaluación ambiental avance mientras se determina la procedencia de la consulta o se desarrolla el proceso, sin adoptar la decisión definitiva hasta su agotamiento. Cuando se otorgue la licencia, los acuerdos alcanzados se incorporarán al acto administrativo en los términos establecidos por la autoridad competente, sin alterar su contenido ni las competencias institucionales. Estas reglas también facilitarán la coordinación en las modificaciones de licencias, con las mismas garantías de participación e incidencia efectiva para las comunidades étnicas.