La Corte Constitucional ordenó a Corporinoquia brindar asistencia técnica al municipio de Guayabetal para caracterizar el riesgo ambiental y coordinar acciones con la UAEGRD y las demás entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de manera que las decisiones sobre el territorio incorporen criterios de seguridad, habitabilidad y sostenibilidad ambiental. La decisión se produjo tras la tutela presentada por una familia cuya vivienda en la vereda Susumuco, afectada por graves deterioros estructurales, fue considerada en situación de riesgo y vulnerabilidad. La Corte encontró que no existía una actuación articulada entre el municipio, la autoridad ambiental y las entidades de gestión del riesgo, y destacó que la gestión del riesgo exige integrar la dimensión ambiental con la protección de derechos como la vida, la salud y la vivienda digna. En ese contexto, precisó que Corporinoquia, en ejercicio de su función de asesoramiento ambiental, debe apoyar técnicamente al municipio para que las medidas de prevención, reubicación y ordenamiento territorial se adopten con fundamento en información sobre el riesgo y bajo criterios de sostenibilidad.