La CREG analizó la regulación de los costos de acceso a infraestructura crítica, especialmente en el ámbito de proyectos de compensadores síncronos para el Sistema Interconectado Nacional. Se ha detectado que los costos reportados por algunos agentes pueden ser desproporcionados y discriminatorios, generando un riesgo regulatorio y de competencia. Esta situación se acentúa cuando los propietarios de dicha infraestructura participan como oferentes, creando ventajas artificiales. El organismo regulador enfatiza que los costos deben ser eficientes, proporcionales y económicamente razonables, exigiendo justificaciones detalladas y el estricto cumplimiento del principio de no discriminación para asegurar la neutralidad y la libre competencia en el mercado.