El Gobierno declaró una reserva temporal de 942.005,16 hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta medida, vigente por dos años o hasta la definición de una figura permanente, busca salvaguardar la integridad ecológica, climática, hídrica y biocultural de la región. La decisión responde a un mandato constitucional de protección ambiental, fallos judiciales que exigen el ordenamiento territorial frente a la actividad minera, y la solicitud de los pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa. La resolución busca prevenir nuevos impactos sobre este ecosistema estratégico, reconocido como "Corazón del Mundo" y de vital importancia nacional e internacional, mientras se consolidan instrumentos definitivos de conservación.