A través del análisis de un proyecto de norma publicado por el DNP, la SIC valoró positivamente la pretensión del Gobierno de reorientar la política para que las PcD sean oferentes activos en contratación pública, no solo beneficiarias indirectas. Considera que el proyecto busca corregir fallas estructurales del mercado, promover la inclusión y ampliar la oferta efectiva, mejorando la asignación del gasto público. Sin embargo, la Superintendencia identifica riesgos en el diseño de las medidas preferenciales que podrían afectar la libre competencia, por lo que propone recomendaciones para equilibrar la inclusión con condiciones equitativas de competencia.