El caso implicó la contaminación del río Bogotá debido a vertimientos de aguas residuales sin tratamiento provenientes del Condominio Campestre El Peñón, en Girardot. Este vertimiento irregular ha afectado derechos colectivos relacionados con el ambiente. La empresa encargada, Acuagyr S.A. ESP, no ha implementado adecuadamente las medidas para tratar estas aguas, incumpliendo el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado para el municipio. La Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), responsable de la vigilancia ambiental, ha sido señalada por el Consejo de Estado por su omisión y falta de acciones efectivas para asegurar el cumplimiento de este plan.