El Consejo de Estado negó la demanda de nulidad contra las Resoluciones 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la Agencia Nacional de Minería (ANM), que implementan el "sistema de cuadrícula minera" para delimitar áreas de concesión minera. Estas resoluciones buscan organizar y reglamentar la formalización minera en concordancia con las leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019. La Sala determinó que estos actos administrativos, de carácter general, gozan de presunción de legalidad y no son improcedentes ni ilegales, ya que no tienen vocación de sustituir decretos reglamentarios, como lo sostiene la parte actora. Además, el Consejo consideró que el control abstracto sobre la constitucionalidad de las normas legales involucradas corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional. Finalmente, no se acreditó que dichas resoluciones afectaran directamente los derechos de grupos étnicos ni que se hubiera violado el trámite de consulta previa, ni se aportó prueba suficiente para demostrar su ilegalidad, por lo que no prosperó el argumento de nulidad.