El Consejo de Estado sancionó a la alcaldesa de Bello, quien ejerce desde enero de 2024, con una multa de cinco salarios mínimos por incumplir órdenes judiciales vinculadas a la protección de derechos colectivos, específicamente en relación con garantizar el acceso a agua potable y servicios públicos en la comunidad de Granizal. A pesar de haber realizado algunas gestiones, estas fueron insuficientes y no contaron con respaldo probatorio, evidenciando una conducta negligente y dilatoria en el cumplimiento de las sentencias del 14 de marzo de 2019 y 20 de febrero de 2020. La sanción se impuso para asegurar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales y la protección de los derechos vulnerados.