La declaración de zonas de exclusión o restricción minera afecta directamente la ejecución de contratos de concesión vigentes, pudiendo hacer inviables los proyectos mineros, lo que puede llevar a la renuncia o devolución de áreas por parte del titular, según el Código de Minas. No obstante, los pequeños mineros con arraigo territorial, que dependen de la minería para su sustento, gozan de un trato diferencial basado en criterios normativos y jurisprudenciales. Se implementan políticas públicas integrales y coordinadas para su formalización, incluyendo procesos de identificación y caracterización para proteger sus derechos, en cumplimiento de sentencias judiciales y planes nacionales, buscando superar la informalidad y atender conflictos socioambientales de manera garantista y diferencial.