La Entidad responde que, por regla general, las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas, mixtas o privadas, deben aplicar las reglas del derecho privado a sus actos y contratos, conforme al artículo 32 de la Ley 142 de 1994. ​ Solo en casos excepcionales señalados por la Constitución, la Ley 142 de 1994 o alguna ley especial, se aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993). ​