Los recursos obtenidos por las Cámaras de Comercio a través de su función registral deben ser destinados a la ejecución de las funciones que la ley les asigna, así como a cubrir los costos y gastos relacionados con dicha función. De acuerdo con el artículo 182 de la Ley 1607 de 2012, estos ingresos son públicos y deben ser utilizados en el ámbito que la legislación establece, lo que incluye el financiamiento de actividades que contribuyan al desarrollo económico y social de la región. La Corte Constitucional ha señalado que estos fondos, al ser de naturaleza fiscal, están sujetos a control y deben ser transparentes en su manejo y destino.