La Ley 685 de 2001 y el Código de Minas establecen que las servidumbres mineras son legales o forzosas, justificadas por la utilidad pública; se pueden imponer sin el consentimiento del propietario, siempre que se exista un título minero válido. Si la negociación directa no logra un acuerdo sobre la indemnización o si no se pudo notificar formalmente al propietario, se debe presentar una solicitud de avalúo ante el Juez Civil Municipal correspondiente.