Los prestadores de servicios públicos domiciliarios están obligados a suspender el servicio por falta de pago de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994. Para proceder con la suspensión, deben notificar adecuadamente al usuario, indicando la fecha límite de pago y las consecuencias de no hacerlo. En caso de que un usuario presente un reclamo después de la suspensión del servicio, esto no obliga automáticamente al prestador a reinstalar el servicio, ya que la suspensión fue consecuencia del incumplimiento de pago.