El concepto de la CRA aclara que la aplicación de las metodologías tarifarias para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo no está condicionada por la categorización de los municipios, incluyendo los de sexta categoría. La CRA precisa que los costos mínimos y estándares necesarios para estos servicios deben estar enmarcados en criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad y suficiencia financiera. Las tarifas a cobrar se determinan a partir de costos calculados mediante metodologías tarifarias generales, diferenciadas según tipo de usuario y uso del servicio. Cada prestador calcula los costos de referencia conforme a lo estipulado, y las tarifas son fijadas por entidades locales, como concejos municipales o juntas directivas, siguiendo los lineamientos de la legislación vigente. Por tanto, los servicios deben ofrecer una apropiada recuperación de costos y asegurar la sostenibilidad financiera del prestador.