Para solicitar la ruptura de la solidaridad en los servicios públicos domiciliarios, el propietario o poseedor del inmueble debe demostrar: (I) su calidad de propietario o poseedor, (II) que el inmueble es utilizado por un tercero, y (III) que no hay suspensión del servicio por parte del prestador. Estas pruebas deben ser presentadas de acuerdo con el Código General del Proceso. La solicitud debe interponerse ante el prestador, alegando las causales establecidas en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 y presentando los medios de prueba necesarios.