La actividad de Electricaribe se clasificó como de alto riesgo, lo que implica que deben asumir los daños generados por cualquier eventualidad derivada de su operación. La evidencia presentada durante el proceso, incluyendo historias clínicas y testimonios, demostró las lesiones graves que sufrió el demandante, así como la antijuridicidad del daño, ya que este fue consecuencia directa de la negligencia en la conservación de la infraestructura eléctrica. A pesar de las excepciones presentadas por otras entidades alegando falta de legitimación, el tribunal concluyó que la empresa no logró demostrar ninguna eximente de responsabilidad, confirmando así su obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por las víctimas del accidente.

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