La suscripción de contratos o convenios interadministrativos entre entidades territoriales y prestadoras de servicios públicos se rige por la autonomía de las partes y las condiciones estipuladas en el contrato. Estos acuerdos no requieren aprobación por parte del regulador en cuanto a su viabilidad. Sin embargo, deben cumplir con el debido proceso y los mandatos legales pertinentes para proteger los derechos de todos los involucrados. La remuneración de costos y gastos operativos ya está contemplada en las metodologías tarifarias aplicables al servicio público de aseo, que incluyen un porcentaje de gastos administrativos (12.59%). Los costos de operaciones deben ser asumidos en las tarifas, y la entidad tarifaria local es responsable de aprobarlas.