El análisis destaca la falta de consideración de los impactos ambientales, sociales y culturales y la insuficiencia en la protección de fuentes hídricas, además de la necesidad de cumplir con las distancias mínimas reglamentarias. Se argumenta que las resoluciones de la CAR no solo desconocen el POT y el PGIRS, sino que también infringen disposiciones ambientales superiores. La Sala concluye que la CAR debe sujetarse al rigor del marco jurídico ambiental nacional y local, garantizando la integración de los principios del desarrollo sostenible y la participación ciudadana en la toma de decisiones administrativas, para preservar el medio ambiente y la salud pública en la jurisdicción de Nemocón.

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