El documento estudia un proyecto de resolución sobre el Plan de Abastecimiento de combustibles líquidos en el departamento de Guainía, Colombia. Se destaca que el mercado de combustibles en esta región presenta características particulares, como la existencia de un único distribuidor mayorista y un marco regulatorio que permite la libre fijación de tarifas. La intervención estatal se justifica para superar las limitaciones logísticas y geográficas del departamento, garantizando un suministro continuo de combustibles. Se otorgan derechos exclusivos a ECOPETROL y TERPEL en la planta de Puerto Inírida, lo que podría afectar la competencia. El análisis concluye que el plan es razonable y proporcional, alineándose con los objetivos del Estado Social de Derecho. Sin embargo, se recomienda establecer pautas claras para situaciones de emergencia y un mecanismo de monitoreo de precios para evitar distorsiones en el mercado. La regulación busca equilibrar la eficiencia del mercado con la necesidad de intervención estatal en contextos críticos.