Los conceptos emitidos por las autoridades no son actos administrativos de contenido particular, ya que no definen situaciones concretas derivadas del ejercicio de derechos subjetivos, por lo tanto, no son objeto de revisión para determinar su validez o legalidad.
La Oficina Asesora Jurídica es la encargada de fijar los criterios de interpretación jurídica de última instancia y fijar la posición jurídica de esta Superintendencia, los cuales deberán ser acogidos por las dependencias en el ejercicio de sus funciones.
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