La Sala reitera su jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada para personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud. En este caso, se revisaron cuatro acciones de tutela interpuestas por trabajadores que enfrentaron la terminación de sus contratos sin que se consideraran sus condiciones de salud. La protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada es esencial para garantizar que los trabajadores no sean discriminados por su estado de salud, promoviendo así un entorno laboral más justo y equitativo.
La Ley 361 de 1997 y diversas sentencias de la Corte Constitucional han establecido un marco legal que protege a los trabajadores con limitaciones de salud, asegurando que su despido solo pueda ocurrir bajo condiciones específicas y con la debida autorización.
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