El presente Concepto se refiere a la consulta sobre la entrega de infraestructura para servicios públicos domiciliarios, específicamente, en el contexto de un aporte social realizado por un municipio a una sociedad por acciones simplificada. Se menciona que, según la Ley 142 de 1994, las entidades públicas pueden aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos, siempre que su valor no se incluya en el cálculo de tarifas para los usuarios y que esté reflejado en el presupuesto de la entidad.