Esta norma reglamenta la implementación de la política de gratuidad en los programas de pregrado de las instituciones de educación superior públicas, con el fin garantizar la permanencia educativa. El beneficio que se otorga por parte del gobierno es sobre el valor de la matrícula ordinaria neta de los estudiantes de programas del nivel técnico, profesional tecnológico y profesional universitario de las instituciones de educación superior públicas según los periodos a cubrir autorizados por el ministerio de Educación para cada programa.