Tiene por objeto defender la propiedad privada, la libertada individual y la libertad económica como motores fundamentales y esenciales para el progreso social de Colombia. La iniciativa busca modificar el artículo 333 de la Constitución para que allí se señale el respeto y acatamiento de los tratados y contratos internacionales suscritos por Colombia, para que se blinde la estabilidad jurídica del país.