facturación de los servicios de aseo público y alcantarillado, también llamados de saneamiento básico. “Ahora bien, en cuanto al procedimiento que debe adelantar el prestador frente a la suspensión del servicio, es de señalar que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-150 de 2003, reconoció la existencia de ciertos límites constitucionales y legales dentro de los cuales se debe enmarcar el comportamiento de los prestadores al momento de suspender o cortar los servicios públicos domiciliarios. Es así como a juicio de dicho Tribunal, tales límites constituyen 'la Carta de derechos y deberes de los usuarios de servicios públicos domiciliarios”.

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