Ley 142 de 1994, ya que, de hacerlo, se podría configurar una extralimitación de funciones, así como la realización de actos de coadministración a sus vigilados. En este orden de ideas, no es dable impartir instrucciones a los prestadores de los servicios públicos respecto de la implementación de esquemas de ciberseguridad, seguridad de la información o marcos de gestión de ciberseguridad”.
SSPD reiteró que los actos administrativos celebrados por prestadores no están obligados a ser sometidos a aprobación de la entidad
La SSPD reiteró que, “en cuanto al régimen de actos y contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, esta Superintendencia carece de competencia frente a la revisión previa de los mismos, en atención a lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 79 de la
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