La demanda se refiere a un negocio jurídico, cuyo objeto era la defensa judicial del Congreso ante las demandas de reparación directa presentadas por las programadoras Producciones JES Ltda., Sociedad TV 13, Criptón S.A. Y Globo Televisión S.A de televisión, en las que se dispuso que la entidad demandada, esto es, el Congreso de la República, se comprometía a pagar al actor una suma equivalente al 0,5% de las pretensiones de cada demanda contra el resultado favorable de la primera instancia”, y   que el Congreso pagaría un 0,5% con base en las mismas pretensiones “en el evento de un resultado definitivo y favorable a la demandada, pagadera ante la sentencia ejecutoriada. El actor agregó que, de acuerdo con el contrato, las obligaciones del contratista se extinguían hasta la culminación de los procesos contenciosos en los que estaba representando los intereses judiciales del Congreso.