Perteneció al sindicato denominado Unión Nacional de Empleados Bancarios “UNEB”, siendo beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo del 9 de septiembre de 1999 que, en su artículo 54, estableció: “Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco años de edad si es varón o a los cincuenta años de edad si es mujer, después de 20 años de servicios continuos o discontinuos a la institución tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación que se computará sobre el promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro del Banco…”. Sobre el particular, esta corporación ha sostenido que no se puede desconocer el valor normativo de los acuerdos colectivos, así se alleguen al proceso judicial como medio de prueba. Precisamente en la Sentencia SU-241 de 2015, en relación con la naturaleza jurídica de la convención colectiva, se concluyó que “[…] tiene carácter normativo, es un acto solemne y como regulador de la relación laboral, es una fuente de derechos”. Adicionalmente, la misma providencia reiteró la Sentencia SU-1165 de 2001, en la que se destacó el deber de interpretación como un “mandato constitucional para todos los operadores jurídicos, y más aún para la autoridad [sic] judiciales (artículos 228 y 55 de la Constitución Política), las cuales una vez establecido el texto de la convención colectiva, deben interpretarla como norma jurídica, y no simplemente como una prueba, máxime si de aquella se derivan derechos y obligaciones para los particulares”.
