La Sala encontró que los actos acusados fueron proferidos por la ANLA en respuesta de la petición formulada por la Drummond Ltd, “con el fin de que se le reconociera la configuración del presunto silencio administrativo positivo ocasionado por la no resolución oportuna del recurso de reposición interpuesto contra el acto que declaró el incumplimiento de una obligación
ambiental y le impuso una sanción pecuniaria”. Para la Sala, “no cabe duda que la figura del silencio administrativo positivo no procede en materia ambiental, por cuanto, como quedó visto, contraría los preceptos establecidos en la Constitución Política”. El Consejo de Estado confirmó el auto recurrido por medio del cual se rechazó la demanda.
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