explotación minera.
La discusión gira en torno a la nulidad de varios actos administrativos de carácter particular, expedidos por la Corporación Autónoma del Tolima, que versan sobre la terminación de una concesión de aguas, debido a que, según la demanda, esta concesión había sido obtenida por la sociedad demandante con el fin de realizar actividades relacionadas con la
explotación minera.