prohibición de ejecutar obras sin respaldo contractual previo”.
Consejo de Estado no accedió a pretensiones de una demanda, dado que el actor era consciente de que no podía ejecutar las obras sin la previa suscripción de un contrato con las formalidades legales y las obligaciones de las partes
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Para la Sala, “el actor no le imputa a la entidad demandada el incumplimiento de las obligaciones pactadas en un “acuerdo de voluntades”, sino que le imputa el incumplimiento de su obligación de celebrar “otros contratos” para “legalizar el pago integral de las obras que ya había realizado”, lo que evidentemente es una conducta ilegal que atenta contra la
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