“Se requerirá a las empresas de servicios públicos y demás entes económicos para que reporten la información solicitada por la Comisión, la cual será utilizada para contar con información confiable que permita llevar a cabo los análisis regulatorios pertinentes, referentes a la remuneración de cada actividad. El propósito específico es asegurar que los hechos económicos se asignen adecuadamente a la actividad regulada”.