A través del acto administrativo se modifica el artículo 3 del Decreto 1333 de 2019 que trata las reglas para la suscripción de acuerdos de pago entre la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES Y las Entidades Promotoras Salud -EPS. Puede conocer los detalles consultando el documento publicado por la entidad.
La CREG invita a los interesados en participar en el taller para explicar las principales modificaciones a la metodología de costos para la prestación del servicio de alumbrado público contenida en la Resolución CREG 123 de 2011 que se llevará a cabo el martes 01 de junio de 2021, 10:00 a.m. – 12:00 m.
La CREG informó que con la expedición de la expresión: “sean mayores a los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones uniformes del contrato”, contenida en el parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución número 108 de 3 de julio de 1997, proferida por la CREG, la cual fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado, la Entidad interpuso ante el Consejo de
Norma acusada: Decreto 2109-2019- (art. 125, parcial): requisitos únicos del permiso o licencia ambiental. “La Sala Plena reconoció que la citada prohibición de exigir requisitos, información y datos adicionales en la fase de solicitud de aprobación de autorizaciones ambientales, aunque no despojaba a las CAR de sus competencias constitucionales y legales, sí restringía su autonomía funcional y limitaba el alcance del principio de rigor subsidiario, desarrollado por la jurisprudencia constitucional”.
“Lo anterior al vulnerar el límite establecido en el inciso 2 del artículo 338 superior referente a la recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en el beneficio que les proporcione a los contribuyentes”. La Corte decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-464 de 2020, mediante la cual se decidió: (I) “Declarar inexequible la expresión “y todos aquellos que
Así se encuentra consignado en el comunicado de una reciente decisión de la Corte, dejó sin efectos la sentencia adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. “La Corte concluyó que la decisión de casación había vulnerado el derecho al debido proceso del actor en la medida en que incurrió en los defectos fáctico y sustantivo”.
Con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de las PcD, acabar con la discriminación actual que impide a las PcD a tener acceso a ciertos espacios productivos en las mismas condiciones que el resto de las personas y fomentar el acceso y la permanencia en los contextos laborales de la población con protección constitucional reforzada, entre las que se encuentran las PcD.
El proyecto propone crear el Certificado de Responsabilidad Empresarial que será otorgado a empresas que vinculen a personas de la población indígena, negra palenquera, o gitana en los niveles de dirección, supervisión u operación en un porcentaje igual o superior al 10% de su planta laboral.
La iniciativa pretende extender la vigencia del el Decreto Legislativo Nº814 del 4 de junio de 2020 "Por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en
Entre otras disposiciones, el proyecto establecería que, la sobretasa al ACPM sea cobrada por la Nación y distribuida en un cincuenta por ciento (50%) para el mantenimiento de la red vial nacional y otro cincuenta por ciento (50%) para los departamentos, incluido el Distrito Capital, con destino al mantenimiento de la red vial.